Órgano de control recomienda precisar el marco legal para evitar que este tipo de procesos se utilice de manera indiscriminada en perjuicio del Estado.
La Contraloría General informó hoy que las entidades públicas gastaron en el 2009 más de 2.500 millones de soles por concepto de contrataciones vía exoneraciones. La cifra representa un incremento del 123% en comparación al año anterior.
El órgano de control detalla que se aprobaron 2.457 exoneraciones, lo que refleja un aumento del 70% en relación al 2008, donde se autorizaron 1.444 operaciones bajo esta modalidad.
Los resultados de la investigación demuestran que los montos por exoneraciones han crecido de S/.500 millones en el 2005 a S/.2500 millones en el 2009. Este importe representa el mayor incremento registrado desde el año 2005.
CUÁL ES EL ARGUMENTO
Según se informó, las situaciones de emergencia se convirtieron en el principal argumento de las entidades para no convocar a procesos y concursos abiertos. De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, la situación de emergencia solo puede ser invocada cuando se producen acontecimientos catastróficos.
Advierte la Contraloría que un monto importante comprometido en las exoneraciones se realizó al amparo de dos Decretos de Urgencia (037-2008 y 004-2009).
LAS DEFICIENCIAS
La Contraloría hizo además 53 observaciones. Las más frecuentes son la aprobación de contrataciones sin sustento técnico que acredite la exoneración, la suscripción de contrato excediéndose el plazo y la cancelación irregular de procesos en marcha para forzar el desabastecimiento.
Además, el pago a contratistas en cantidades que exceden el monto contratado, pago de adicionales de obra sin sustento y la inacción para aplicar penalidades ante incumplimientos de contratos, entre otras.
DÉBIL MARCO LEGAL
La Contraloría considera que la mayor parte de estas observaciones se deben a que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento dejan espacios de discrecionalidad a los funcionarios, lo que debilita el control.
Para evitarlo recomienda dotar de mayor claridad, coherencia y precisión al actual marco legal, a fin de evitar que este tipo de procesos se utilice de manera indiscriminada, en perjuicio del Estado.