Ha sido muy saludable para la lucha por la institucionalidad del país y el imperio de la ley que la Sunat haya procedido ayer a realizar el embargo de Campo Mar U, que tenía programado por deudas tributarias y otras impagas por parte de dicho club de fútbol, uno de los más populares del país. La administración tributaria al parecer se ha tomado muy en serio, como debe ser, su función de cobranza de las deudas morosas. Y esperamos que el embargo, que ayer resulto desierto, concluya; pero siempre con el debido proceso y el respeto a los derechos de los contribuyentes, evitando abusos.
El problema de fondo parece ser que ha calado hondo la idea de que en el Perú nadie va a la cárcel por no pagar impuestos. Si bien entre el 2007 y el 2010 la Sunat elaboró 427 expedientes de delitos tributarios, donde están comprendidas cerca de 2,000 personas, por un monto de más de S/. 475 millones, prácticamente no hay muchos casos de cárcel efectiva por estos delitos, salvo uno que otro como el que se produjo hace un mes en Trujillo. Si, a manera de causar un efecto disuasivo importante, se está siguiendo hasta el final procesos emblemáticos en el campo del fútbol como el de la "U" o el de Alianza Lima, también es recomendable que la administración ponga el mismo énfasis en otros sectores y, en general, en todo tipo de contribuyente moroso para que ese efecto disuasivo que se busca sea exitoso.
Ahora que uno de los candidatos a la Presidencia de la República ha renunciado a crear nuevos impuestos (salvo el impuesto a la sobreganancias mineras, que ambos aplicarán de ganar la elección) y que ambos han prometido ampliar la base tributaria y eliminar la evasión, es oportuno que también se incluya en la propuesta medidas para reforzar a la Sunat, así como otras para que el Poder Judicial acelere los procesos de evasión o defraudación tributaria, cuyos expedientes están en sus fueros. Por ejemplo, dentro de la reforma del Poder Judicial que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, se ha pedido la especialización de los jueces para que puedan estar mejor capacitados para resolver juicios tributarios que muchas veces son bastante complejos. Sin embargo, lo más importante es la voluntad de fiscalizar y, sobre todo, sancionar con penas severas y ejemplificadoras a los que cometen defraudación tributaria. (gestion.pe)