Mientras se discute la primera renovación de licencias de telefonía móvil, Telefónica y la Sunat se pelean por cuestiones tributarias. Expertos opinan que temas deben ser tratados por separado.
El país asiste hoy a un debate cada vez más intenso: la renovación del uso de frecuencias celulares que maneja Telefónica Movistar para atender a sus clientes de Lima y Callao.
Si bien las negociaciones entre Telefónica y el Estado empezaron en mayo del 2010, la pelea se ha mediatizado en las últimas semanas, exacerbando las pasiones que se ciernen sobre la operadora española. Muchos, en ese sentido, se han pronunciado en contra de la extensión de las licencias.
La empresa esperaba concluir esas negociaciones con una feliz renovación en el gobierno pasado. Pero no fue así. Quedará por aclarar si el tema no se cerró por displicencia de la compañía –inició las negociaciones en mayo del 2010, siete meses antes de vencer la primera licencia en Lima–, o por negativa del equipo negociador liderado por el entonces titular del MTC, Enrique Cornejo.
TRIBUTOS
Un ángulo más sensible se añadió a este debate hace dos semanas. De las más altas esferas del Gobierno habría salido la directiva que luego fue expuesta por el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes: “Antes de definir si renovamos la concesión a Telefónica, se tiene que aclarar el problema tributario existente. Mientras eso no se resuelva, no vamos a decir si iniciamos una negociación”, explicaba.
Pérez-Reyes se refiere a una reparación que la Sunat hizo sobre las declaraciones de Impuesto a la Renta de los años 2000 y 2001.
Telefónica no incluyó en su declaración de impuestos los montos consignados en facturas que no pudo cobrar a clientes morosos y, por otro lado, la firma hizo deducciones fiscales por el monto pagado en intereses de préstamos tomados para mejoras en la infraestructura y el servicio.
Según la Sunat, esas dos operaciones no debió hacerlas y por eso la empresa debe pagar S/.2.500 millones, 80% del monto (según la empresa) son multas y moras.
“Se pretende que Telefónica pague impuestos sobre cuentas de clientes no cobradas y no se reconocen gastos fiscalmente deducibles. En ambos casos se le niega derechos que sí se le reconocen a otras empresas”, explican voceros de la operadora.
JUICIO
Telefónica ha llevado el caso al 8° Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, y según calculan en el MEF, demoraría entre 3 y 5 años en solucionarse. De perder, Telefónica podría incluso llevar el caso a un arbitraje ante el Ciadi. Esta posibilidad genera molestia en predios estatales. En una rueda de prensa tras su reciente visita a Paraguay, el presidente Humala dijo que había planteado esta cuestión en su reunión con el jefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero.
“Para nosotros es una preocupación que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, en un proceso contencioso por el pago de tributos”, señaló.
Mientras tanto, en Lima se oyeron voces de apoyo a la posición del Gobierno. “Este tema afecta a todos los peruanos. Esa deuda equivale a 14 mil km de carreteras asfaltadas. Yo soy partidario de no ir por la renovación”, opinó el vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Alfonso Monterola.
¿CUERDAS SEPARADAS?
Tal vez usted sea uno de los millones de clientes de telefonía celular de esta compañía. Como tal, usted debe tener una opinión formada sobre si deberían o no renovarle las licencias a Telefónica. Sin embargo, ¿debe la decisión regulatoria en este caso estar condicionada al tema tributario? Según técnicos consultados: No.
“Me sorprende que estén sumando un tema sobre otro. Los contribuyente pueden tener procesos tributarios, pero es muy distinto vincular ese asunto a la renovación”, comenta Liliana Ruiz, presidente de la Consultora Alterna Perú.
“El aspecto tributario no está en el ámbito de las políticas de telecomunicaciones y, por lo tanto, ambos deben ser manejados por cuerdas separadas. Aquí hay que evaluar otros temas, como calidad y cobertura del servicio”, añade Carlos Huamán Tomecich, presidente de DN Consultores. Algo que se repite es que los asuntos regulatorios son de competencia de los organismos reguladores que, técnicamente, deberían ser autónomos, justamente para evitar presiones políticas.
RECLAMOS
A otros especialistas les llama la atención el hecho de que en los predios oficiales se ponga el grito en el cielo porque una empresa (grande o pequeña) plantee demandas contra el Estado. “Toda impugnación relativa a la determinación de un tributo debe tener lugar siguiendo los procedimientos que prevé la legislación del país. En el caso peruano, dicha impugnación debe tener lugar siguiendo lo previsto por el Código Tributario”, comenta José Talledo, abogado del Estudio Echecopar.
Del mismo modo, el tributarista añade que la decisión de una controversia en materia tributaria no debe, en ningún caso, depender de aspectos o hechos ajenos.
Se ha dicho también que si el proceso de Telefónica llega al Ciadi, se afectaría la imagen del país. “Es exactamente lo contrario. En la práctica, tal proceso significa que el Perú está respetando lo ofrecido hace 10 años a los inversionistas: una instancia internacional donde reclamar”, explica Carlos Paitán, socio del estudio Paitán & Asociados. (ALBERTO LIMACHE / elcomercio.pe)