Nuevas técnicas serán implementadas entre enero y diciembre de 2011.
Para evitar que las entidades públicas sigan cobrando tasas ilegales e irracionales por derechos de trámite que no comprenden al costo real del servicio, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM publicó en su portal institucional la Guía Metodológica para la Determinación de los Costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios que estas instituciones prestan a los administrados.
Así, entre enero Y diciembre de 2011, los ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, universidades, poder Judicial, Poder Legislativo, gobiernos regionales y las principales municipalidades del país deberán elaborar la estructura de costos de cada uno de sus procedimientos, utilizando la nueva metodología aprobada por la PCM.
Los costos estandarizados de cada uno de los procedimientos deberán constar en el TUPA, que las entidades públicas implementen y aprueben en 201 1, con excepción de las municipalidades distritales con menos de 500 viviendas urbanas, cuyo plazo de adecuación será hasta diciembre de 2012.
Para determinar los costos de cada procedimiento, las obligadas atenderán los costos de personal, material fungible y no fungible utilizado, los servicios de terceros que sean requeridos, depreciación y amortización de activos, costos administrativos, entre otros, refiere un informe legal de la Cámara de Comercio de Urna (CCL).
Por último, corresponderá a la PCM, al INDECOPI y a la Contraloría fiscalizar y sancionar a los funcionarios de las entidades que siguen cobrando tasas "al cálculo" o basadas en el patrimonio de los administrados, sin tomar en cuenta la legalidad y razonabilidad.
Así, entre enero Y diciembre de 2011, los ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, universidades, poder Judicial, Poder Legislativo, gobiernos regionales y las principales municipalidades del país deberán elaborar la estructura de costos de cada uno de sus procedimientos, utilizando la nueva metodología aprobada por la PCM.
Los costos estandarizados de cada uno de los procedimientos deberán constar en el TUPA, que las entidades públicas implementen y aprueben en 201 1, con excepción de las municipalidades distritales con menos de 500 viviendas urbanas, cuyo plazo de adecuación será hasta diciembre de 2012.
Para determinar los costos de cada procedimiento, las obligadas atenderán los costos de personal, material fungible y no fungible utilizado, los servicios de terceros que sean requeridos, depreciación y amortización de activos, costos administrativos, entre otros, refiere un informe legal de la Cámara de Comercio de Urna (CCL).
Por último, corresponderá a la PCM, al INDECOPI y a la Contraloría fiscalizar y sancionar a los funcionarios de las entidades que siguen cobrando tasas "al cálculo" o basadas en el patrimonio de los administrados, sin tomar en cuenta la legalidad y razonabilidad.