Conocido el presidente electo que tendrá la responsabilidad de conducir al país a partir del próximo 28 de julio, deseamos, a través de esta nota, llamar su atención particular al problema de la informalidad, que ha alcanzado niveles preocupantes y que distorsiona de diversas formas la economía nacional, afectando en última instancia el objetivo de crecer con inclusión y equidad y, por ende, alcanzar mayor bienestar y prosperidad.
No es un tema de persecución y castigo a los informales, como algunos creen o sugieren, es uno de precisar las causas, sus efectos y, con base en ello, resolverlo, pues como veremos en gran medida es el propio sector público el que lo genera.
Efectivamente las cifras de la informalidad son impactantes. El Perú se ha convertido en la sexta economía más informal en el mundo y en la tercera en la región latinoamericana, solo superados por Bolivia y Panamá; el 60.9% de la economía peruana es informal. El 73% de las micro y pequeñas empresas (mypes) pertenecen al mundo informal. Alrededor del 60% del mercado de software en el Perú es informal, "pirata" como se le califica. Si lo expresamos en términos de empleo la cifra refleja que el 79.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal, siendo 60% el promedio de América Latina; pero, con grandes diferencias a nivel de las regiones pues por ejemplo en Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica y Ayacucho el 95% de los trabajadores son informales, mientras en Lima es de aproximadamente el 70%.
¿Qué determina esta situación? ¿Cuáles son las causas y los costos involucrados? Importante precisarlo, pues de ellas surgen las políticas y acciones que corresponde ejecutar para reducir de manera significativa la informalidad.
En nuestro concepto cuatro son las causas principales de este problema, que calificaría como grave, las cuales corresponde enfrentar de manera simultánea. Empecemos por mencionar la carencia de títulos de propiedad, respecto de bienes mobiliarios, y en especial inmobiliarios, de un número elevado de personas, lo que las margina automáticamente de participar de la economía formal, siendo el tema más directo y evidente que no califican como sujetos de crédito del sistema financiero, pues no pueden utilizar sus propiedades como garantía. Una segunda causa son las barreras o trabas burocráticas que impone el Estado en sus diferentes niveles: nacional, regional y local, que complica el nacimiento y la marcha de las empresas e impacta en los costos reales de las mismas, en particular de las mypes. Este problema está íntimamente vinculado a la reclamada reforma integral del Estado, a la simplificación administrativa, parcialmente enfrentada, pues es imperativo propender a un Estado más eficiente, eficaz y equitativo.
La tercera causa es la política tributaria, en particular por las altas tasas impositivas, su sesgo regresivo y las excesivas formalidades y procesos engorrosos para cumplir con las obligaciones tributarias; basta mencionar en este último caso que de acuerdo al informe del Doing Business del Banco Mundial ocupamos el puesto 86 de 183 países en el indicador de pago de impuestos, pues el tiempo requerido para declarar y hacer efectivo el pago es en promedio 380 horas, a diferencia de otros países como Emiratos Árabes (12), Irlanda (76) y Singapur (84). Por último, está la rigidez de la política laboral y el costo que ella conlleva, que a la informalidad propia de la empresa le adiciona la informalidad laboral, sumamente elevada como se indicó anteriormente, expresada en un alto subempleo (40% de la PEA en Lima Metropolitana) y en carencia de beneficios sociales para los trabajadores, con lo que ello significa en términos de pobreza y equidad.
Para concluir es importante mencionar que la significativa informalidad que enfrenta el país complica el objetivo central de la agenda económica que debe guiar el accionar del gobierno de turno, que es la búsqueda permanente de incrementar la productividad total de los factores para obtener y sostener un crecimiento económico alto, pues el grueso de las empresas informales corresponden a las mypes, precisamente las que tienen los niveles más bajos de productividad, entre otras razones por encontrarse en esta situación. (César Peñaranda Castañeda / Cámara de Comercio de Lima).