El titular de Energía y Minas hace un balance de su gestión e indica que las empresas deben intervenir más en la solución de conflictos sociales.
Se acuerda de la fecha con claridad: “era 24 de junio del 2009”, señala. Pedro Sánchez participaba en una mesa de diálogo con autoridades de la provincia de Sicuani (Cusco) junto con el primer ministro de ese entonces Yehude Simon. Mientras las conversaciones se desarrollaban, había 7.000 pobladores en la Plaza de Armas, quienes protestaban por la posible construcción de la hidroeléctrica de Pucará. La reunión concluyó sin acuerdos. Sánchez y Simon salieron de la reunión en medio de una lluvia de piedras escoltados por policías que los protegían. El ministro de Energía y Minas cuenta que apenas llegaron al auto y, cuando este empezó a arrancar, las piedras seguían impactando la tolva del vehículo. Tuvieron que sortear cientos de obstáculos en la pista. “Llegamos hasta el helicóptero de milagro”, indica.
Enfrentar los conflictos sociales que se iban armando alrededor de los proyectos mineros y energéticos ha sido una de las principales labores del saliente ministro. Sánchez no recuerda en cuántas reuniones de alto nivel ha participado. Busca la cifra en su mente y al final dice: “Fueron ene reuniones”.
El balance de su gestión no es visto como positivo por varios agentes del sector minero, sobre todo porque se han suspendido y cancelado proyectos mineros y energéticos debido a las presiones sociales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha indicado que en varios de estos casos no se ha respetado el ordenamiento jurídico y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha tenido el suficiente criterio para resolverlos. Mientras que las ONG señalan que no ha realizado trabajos orientados al diálogo.
Esta situación se agrava con el hecho de que en los cinco años del gobierno aprista el PBI minero se redujo en alrededor de 1,5%.
¿No han descuidado la producción minera por atender los conflictos sociales?
Pero hay inversiones.
De acuerdo, pero la producción se ha reducido.
Todos los proyectos tienen su curva: nacen, crecen y luego terminan, pero hay otros proyectos que están en construcción y con ellos creemos que se va a recuperar la producción.
¿Los conflictos sociales no están generando dificultad para desarrollar estos proyectos?
Hay una cartera de proyectos que está en ejecución porque ha superado el tema social. Es cierto que algunos proyectos están pendientes. El tema es que tenemos un país con una actividad minera intensa, lo cual es nuevo, y las comunidades ven esta actividad como una amenaza. [Pero que el Estado entregue concesiones no es malo, el problema es que] los comuneros no diferencian la sutileza entre el subsuelo y la tierra superficial. Por más que nos hemos matado explicándoles que si ellos no autorizan la tierra no hay ningún proyecto minero, igual le reclaman al Estado.
En la actualidad hay cerca de un centenar de conflictos sociales activos relacionados con el sector, según la Defensoría del Pueblo. Se trata de una situación delicada. Sánchez explica que, aunque las empresas mineras tienen responsabilidad en este problema, no desarrollan adecuadamente su relación con la comunidades a la que van a impactar.
Un proyecto que no se desarrolla es Tía María. ¿Qué falló?
Tía María no se llegó a concretar porque el proyecto tuvo problemas en su relación con los agricultores, porque aun cuando cambiaron su proyecto para satisfacer la preocupación de la gente, la población encontró otros argumentos; ahí se debió hacer un trabajo con mucho cuidado y detalle. Es impensable que el Estado vaya a hacer esas cosas. Hay responsabilidades que tenemos que asumir, pero quienes tienen que hacer el trabajo comunitario son las empresas. No es una responsabilidad del Estado hacer ese tipo de negociaciones.
¿Las empresas lo están haciendo?
Algunas sí, otras no; los conflictos se dan porque no se trabaja adecuadamente. Hay que adelantarse más a esos temas, hay que darle mucha más atención a los aspectos social y ambiental, la mayoría de empresas lo tiene claro.
Pero se quejan de que no hay apoyo del Gobierno cuando hay un conflicto.
Algunas piensan que el Estado tiene la obligación de darles seguridad y garantía.
¿Y no es así?
Nuestros estándares definen quién hace qué. El lograr un acuerdo con las comunidades es un trabajo que le corresponde a la empresa. Muchas firmas no trabajaron su relación con la comunidad. La viabilidad de los proyectos se define en esas variables: técnica, eficiencia financiera y política social. Si las tres no se alinean, no hay proyecto. Si una sola no sale, no camina.
La gestión del ministro Sánchez ha detenido tres proyectos puntuales con miras a evitar más enfrentamientos y muertes (que sí se produjeron), pese a que con ello se le ha acusado de subvertir el orden jurídico: el proyecto Tía María en Arequipa (de Southern Copper), el de Huambo en Áncash (Chancadora Centauro) y el proyecto Santa Ana en Puno (Bear Creek). Estas empresas han señalado que tomarán acciones legales que podrían afectar al Estado. Bear Creek ha anunciado que acudirá a un arbitraje internacional. En su gestión, Sánchez también vio cómo se abría un juicio por el problema con Doe Run.
El ministro solo reconoce que el único proceso que se ha suspendido es el de Tía María; los demás, indica, tuvieron algunos procedimientos inadecuados.
“En el caso de Puno, nosotros sosteníamos que el decreto no se debía derogar, pero en el interín encontramos información nueva, por lo que se hizo el cambio de idea”, señala.
PIEDRA EN EL ZAPATO
El segundo gran tema que el ministro Sánchez deja pendiente es la negociación de Camisea. Se trata de un asunto heredado del anterior gobierno. Las reservas del lote 88, orientadas inicialmente en su totalidad al mercado local, se canalizaron, vía cambio de contrato, al mercado externo. El Gobierno prometió regresar a la situación original, pero no logró cumplir.
Quién pareciera tener la sartén por el mango en la negociación es el consorcio. ¿Por qué no se logró un acuerdo?
En el 2009 llegamos a un acuerdo.
Sí, pero hay una negociación abierta aún.
Uno de los problemas de la politización de este debate es que quieren que cerremos el tema del lote 88. Cuando en el acuerdo que hicimos en el 2009 hay pautas y elementos que garantizan que el gas del lote 88 no se va a exportar nunca. La idea era retornar a los principios originales.
Eso no se logró.
Es que es un proceso. Una de las razones que explican el éxito de las inversiones en el sector energético es que, en los 19 años que llevamos, nunca hemos roto un contrato. En el 2009 se pedía que lo hiciéramos, me decían: “Ajústese el cinturón; es muy débil, timorato”, pero hemos sido responsables. Hemos dicho que no se exportará en los próximos cuatro años. Por supuesto, que eso no está aún en el contrato porque el consorcio determinó la agenda de la negociación.
Sánchez dejará el MEM con acciones positivas, pero con dos temas fundamentales para el desarrollo minero-energético que no han sido resueltos. ¿Lo logrará hacer el próximo gobierno? Habrá que rogar por resultados.
Los mayores éxitos de su gestión se dieron en el sector eléctrico
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señala que el programa estrella de su gestión ha sido Luz para Todos, a través del cual se ha logrado reducir la brecha en el déficit del servicio eléctrico, sobre todo en las zonas rurales del país.
En los últimos cinco años, la cobertura eléctrica se incrementó en 9% y llegó al 83,2%, mientras que se han gestionado proyectos para alcanzar el 86% en los próximos meses. Sánchez le dio otra tónica a este proyecto iniciado por el ex ministro Juan Valdivia agrupando los proyectos eléctricos y acelerando su ejecución.
Asimismo, otro logro ha sido asegurar la ejecución de los proyectos hidroeléctricos para los siguientes años. Hay cerca de siete planes que permitirían solucionar el abastecimiento desde el 2013, aunque especialistas del sector consideran que habrá un ligero desfase a fines del 2011 e inicios del 2012.
También Sánchez ha logrado asegurar la construcción de líneas de transmisión de 500 kilovoltios, las que permitirán transportar energía a todo el país. (MANUEL MARTICORENA SOLÍS)
