Guillermo Grellaud , socio principal de KPMG, nos explicó los cambios sugeridos por la CCL para: la cláusula general antielusiva, las medidas cautelares, la exportación de servicios, el gasto en tecnología, la bancarización y la transferencia de inmuebles.
1. Derogar la Norma XVI
Primero, se plantea la derogación de la cláusula general antielusiva o norma XVI, por considerarla una disposición que violenta principios constitucionales y la seguridad jurídica para el desarrollo de los negocios.
“Defendemos la premisa que no hay delito si no está escrito en la ley. Con las facultades otorgadas por el Ejecutivo, se está convirtiendo en legislador al inspector tributario. Esto va a terminar en una superjudicialización de casos. En lugar de disminuir la carga fiscal en materia de reclamos van a incrementar de manera espectacular”, sostuvo Guillermo Grellaud , presidente de la Comisión Tributaria de la CCL y socio principal de KPMG.
Si no se deroga la norma, indicó, al menos debería recibir una regulación que permita un control más allá de la opinión de un inspector fiscal.
“En España, por ejemplo, hay un consejo de expertos que manejan estos casos, son muy restrictivos, los han aplicado pocas veces y es gente que conoce el tema”, comentó.
2. Medidas cautelares
El contribuyente podía presentar un reclamo al Poder Judicial sin la obligación de pagar primero su deuda con la Sunat, solicitando una medida cautelar. Grellaud explica que es un principio reconocido por el Acuerdo de San José de Costa Rica.
Sin embargo, luego de la reforma tributaria, se estableció el requerimiento de una fianza bancaria o garantía.
“Tranquilamente al llegar a esta última instancia pasaron 6 años y se han acumulado intereses”.
Además, añadió, esa norma no tiene autorización legal. Las facultades del juez –precisó- son reguladas por la ley orgánica del Poder Judicial, mientras que el decreto legislativo aprobado ni siquiera fue debatido por el Congreso.
“Es una violación porque el Ejecutivo no tiene la facultad para emitir una norma de esa jerarquía. Debe ser derogada, pero estoy seguro que los jueces no la van a aplicar bajo su libertad de conciencia”, aseveró.
3. La ley de servicios
La CCL propone reponer la desarticulada la ley de exportaciones no tradicionales. “Se eliminaron las posibilidades de exportar servicios, cuando deberían incentivarse”, afirmó Grellaud.
Para el gremio empresarial, es cuestionable que solo reciban beneficios tributarios una “lista cerrada” de partidas dispuestas por el MEF sin intervención del Mincetur. Asimismo, se propone incluir las comisiones mercantiles en la ley de servicios.
4. El gasto en tecnología
Según el abogado tributarista, el problema no es que se haya limitado al 10% de los ingresos netos de la empresa (o 300 UIT) el gasto en tecnología deducible para cálculo del Impuesto a la Renta (IR), sino el concepto de restringir. “No tiene sustento, es grave, y debe derogarse”, señaló.
5. Bancarización
El paquete tributario lanzado por el Ejecutivo deroga el procedimiento temporal y excepcional para la declaración a la Sunat de operaciones sin medios bancarios. Ante ello, la CCL propone restablecer la norma anterior.
“El Congreso aprobó una ley bien sustentada que permitía regular la bancarización , pero el MEF nunca emitió su reglamento. Ahora, no existe esa posibilidad porque la norma fue derogada. Creemos que es un exceso”, señaló el experto.
6. Impuesto a la herencia
El Ejecutivo, tras la reforma tributaria, dispuso que el costo computable de cualquier bien sea igual a 0 o al valor del anterior propietario en caso de donaciones, anticipos de herencia o herencia.
Grellaud explicó que se corrigió una ley, pero también se han afectado las operaciones de transferencia de inmuebles por causa de muerte, para las cuales se desconoce como costo computable el valor de autoevalúo.
“La justificación fue evitar actos elusivos. No es algo sustantivo, pero se debería corregir. No hay acto de elusión fiscal porque la muerte de una persona no es posible de inventar”, añadió.
Según el tributarista, lo más probable es que la Comisión de Economía no se pronuncie en lo que queda del 2012; y si así fuera, tampoco queda tiempo para el debate correspondiente en el Congreso.
“Posiblemente las modificaciones se den el próximo año, salvo que se decida por una rápida derogatoria, pero tampoco veo el apuro. Creo que es más conveniente una amplia discusión al respecto”, señaló.
“Siempre nos hemos opuesto a que se aprueben las leyes mediante decreto legislativo. Tendríamos que adivinar el razonamiento de esas personas que se encerraron y decidieron el destino de los demás. Las leyes tributarias deberían discutirse en el Congreso”, sentenció. (Gestión)