La rebaja en un punto porcentual del Impuesto General a las Ventas (IGV), decidida y aprobada en tiempo récord por el Gabinete y luego por la Comisión Permanente del Congreso, no incidirá en los precios. Eso está claro. Pero existen otros aspectos de la medida que todavía no reciben una explicación convincente. ¿Por qué se decidió en medio de una campaña electoral? ¿Qué propició el aparente cambio de opinión del presidente Alan García, quien hace menos de un mes declaraba que era "casi cercano a imposible" reducir el impuesto? ¿En qué consiste ese "ahorro" de S/. 500 que tendrá cada familia peruana?
El juego de los números comenzó inmediatamente: que la robustez de la economía cubriría las probables pérdidas que la menor tasa del IGV provocaría en la recaudación; que se reduciría la evasión en tantos puntos porcentuales; que se incentivaría la demanda interna, de por sí elevada. Sin embargo, los temas de fondo en materia de tributación continúan sin ser abordados con seriedad por el Gobierno.
Entre los más urgentes figura, precisamente, la evasión en el pago de dicho impuesto -que se ubica entre 40% y 50% según los analistas- y que, salvo algunas acciones de fiscalización efectuadas por la Sunat, no está siendo atacada con la contundencia que el caso amerita. La realidad nos muestra que la falta de conciencia tributaria es un mal que no logra ser erradicado en la sociedad peruana, de modo que las campañas esporádicas solo podrán tener resultados efímeros.
Un problema mayor es la presión tributaria, que además de ser baja en el Perú no es estructural, es decir, que depende de elementos exógenos. La recaudación aumentó el año pasado porque la principal causa fue el impuesto a la renta pagado por las mineras, que se hallan en época de bonanza gracias a las altas cotizaciones internacionales de los metales.
En suma, lo que el país necesita es un paquete tributario que obligue a todos los que tienen que pagar sus impuestos a hacerlo y castigue a quienes violan la ley. Reducir uno o dos impuestos no solucionará ninguna deficiencia estructural de la recaudación, porque se trata de medidas aisladas. Mientras el Gobierno no lo entienda así, la evasión continuará sacándole la vuelta al fisco y permanecerá impune.
El juego de los números comenzó inmediatamente: que la robustez de la economía cubriría las probables pérdidas que la menor tasa del IGV provocaría en la recaudación; que se reduciría la evasión en tantos puntos porcentuales; que se incentivaría la demanda interna, de por sí elevada. Sin embargo, los temas de fondo en materia de tributación continúan sin ser abordados con seriedad por el Gobierno.
Entre los más urgentes figura, precisamente, la evasión en el pago de dicho impuesto -que se ubica entre 40% y 50% según los analistas- y que, salvo algunas acciones de fiscalización efectuadas por la Sunat, no está siendo atacada con la contundencia que el caso amerita. La realidad nos muestra que la falta de conciencia tributaria es un mal que no logra ser erradicado en la sociedad peruana, de modo que las campañas esporádicas solo podrán tener resultados efímeros.
Un problema mayor es la presión tributaria, que además de ser baja en el Perú no es estructural, es decir, que depende de elementos exógenos. La recaudación aumentó el año pasado porque la principal causa fue el impuesto a la renta pagado por las mineras, que se hallan en época de bonanza gracias a las altas cotizaciones internacionales de los metales.
En suma, lo que el país necesita es un paquete tributario que obligue a todos los que tienen que pagar sus impuestos a hacerlo y castigue a quienes violan la ley. Reducir uno o dos impuestos no solucionará ninguna deficiencia estructural de la recaudación, porque se trata de medidas aisladas. Mientras el Gobierno no lo entienda así, la evasión continuará sacándole la vuelta al fisco y permanecerá impune.