A la geografía y densidad poblacional disímiles de nuestro país se suman las altas tasas de informalidad, cuyos indicadores varían según el criterio que se adopte para medirla. La buena noticia en este contexto es la rápida masificación de la telefonía móvil: según el Osiptel, a junio del 2015 el número de teléfonos celulares en el Perú ascendía a 32 469 361.
Es a través de los teléfonos celulares que se está trabajando en implementar el sistema de dinero electrónico, como mecanismo de formalización e inclusión financiera. Para ello, el sistema bancario en su conjunto debe no solo mejorar sus niveles de confianza frente a los sectores renuentes a formalizarse, sino sobre todo ofrecer productos que se ajusten a las necesidades de la población local. Es necesario buscar soluciones innovadoras y costo-eficientes que alcancen a ciudadanos cuyas necesidades de otra manera no serían satisfechas.
Uno de los ejemplos más exitosos de billetera electrónica es M-Pesa, que significa “m-money” o “mobile money” en el idioma suajili. Iniciado en el 2007 en Kenia y luego expandido a otros países de África, es un joint venture entre Safaricom yVodafone que permite ahorrar, trasferir y recibir dinero de manera rápida y directa mediante mensajes de texto. En algunos países incluso se pueden realizar otras transacciones con el dinero electrónico, como el pago de servicios o de taxis. M-Pesa nació originalmente como un medio de pago de créditos de microfinanzas, pero su acogida le permitió expandirse y, actualmente, es el sistema de billetera electrónica más exitoso del mundo (The Economist, 2013). Es más utilizado en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, pues en ellos los índices de inclusión financiera son menores, permite disminuir los altos costos asociados a transferir o recibir dinero por medios “convencionales”, y evita el traslado de dinero en efectivo. En consecuencia, es un sistema fácil de usar, inclusivo y seguro (BBC, 2010), además de ser más rápido y menos costoso para sus usuarios.
En nuestro país, la billetera electrónica presenta un gran potencial de crecimiento, ya que la población que cuenta con teléfonos celulares es considerablemente mayor a la que tiene cuentas bancarias [Comninos et al. (2009), Ndiwalana et al. (2010), InterMedia (2012)]. Además, las operaciones realizadas podrían permitir a estas personas crear un historial crediticio, en aras de acceder a otros productos y servicios financieros.
Ya en el 2013 se promulgó la Ley N° 29985, cuyo objetivo es “regular la emisión de dinero electrónico, determinar las empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco regulatorio y de supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico”. Desde el lado privado, especial mención merece el proyecto de dinero electrónico denominado Modelo Perú, impulsado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y liderado por la economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Sus objetivos son ambiciosos: en cinco años lograr que cinco millones de peruanos hagan uso de este nuevo canal transaccional. Para ello, recientemente empezó a funcionar Bim, que permite enviar, recibir y ahorrar dinero, únicamente con un número de celular y afiliándose al sistema, sin necesidad de contar con un smartphone o con conexión a Internet; simplemente a través de mensajes de texto.
La banca electrónica será una manera efectiva de llevar modernidad a más peruanos y de integrarlos al sistema financiero. La oportunidad está dada; esperemos que el sistema sea bien aprovechado. A este objetivo no solo están convocados los operadores de telefonía móvil y las instituciones que conforman el sistema financiero, sino que el rol del Estado es fundamental: sin la ley de dinero electrónico la iniciativa no sería viable. Además, la implementación de laEstrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), lanzada en julio del 2015 y que busca promover la inclusión financiera a través de la ejecución de acciones multisectoriales, favorecerá la penetración de productos como el BIM. Como bien sostiene la propia Trivelli, este documento es resultado de varios años de trabajo entre entidades de gobierno, del ámbito privado y organismos multilaterales.
Es, pues, tiempo de aprender de estas iniciativas que logran el trabajo conjunto entre los sectores privado y público para que la inclusión financiera se consolide efectivamente como una política de Estado.