Afirman que ley de auditoría, que establece la presentación de información financiera, sí generará sobrecostos a compañías.
La discusión con respecto a la obligatoriedad de que las empresas medianas auditen y presenten su información financiera continúa. Como señala el presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, Gianfranco Castagnola, es discutible que el Estado obligue a las empresas a asumir un costo extra cuando esto no las beneficia directamente.
“Si yo soy proveedor de una sola empresa muy grande y no tengo socios, ¿por qué me van a obligar a asumir un costo extra de hasta US$8.000 al año para auditarme?”, se pregunta Castagnola.
Es cierto, pero las personas naturales estamos obligadas a aportar a una AFP por ley y a asumir el costo del servicio de administrar nuestras futuras pensiones. La razón de la obligatoriedad es simple: las personas no son capaces de pensar en su futuro ni de ahorrar ordenadamente para enfrentarlo. Sin pensión, el Estado deberá asumir el costo de mantenerlas. Por lo tanto, aportar a la AFP es obligatorio.
De facto, la evasión y elusión tributarias en el Perú son de las más altas de América Latina y generan pérdidas al Estado que, según el ministro Luis Miguel Castilla, rondan los S/.5.000 millones al año. Son del orden del 50% en el caso del Impuesto a la Renta y 35% en el caso del IGV.
Si, como sostiene la ley de auditoría, la información evitará o hará más difícil y caro que las empresas eludan o evadan los impuestos que les corresponde pagar, ¿puede obligarlas a asumir el costo extra como obliga a las personas naturales a pagar AFP bajo la misma lógica?
El gerente general de Faro Capital SAFI, Alfredo Sillau, piensa parecido a Castagnola: “Si yo tengo una empresa privada en que el accionista y gerente soy yo mismo, no veo por qué tengo que estar ‘auditándome’, así como tampoco tengo, por ejemplo, que hacerle una clasificación de riesgo a la empresa”.
¿INFORMACIÓN DE MÁS?
El ex presidente de Confiep, Ricardo Briceño, coincide con Sillau en que el Estado, dueño de facto del 30% de todas las empresas, ya tiene acceso a la información de las empresas a través de los PDT (Programa de Declaración Telemática, es decir, de envío electrónico) que estos entregan a Sunat.
Sin embargo, lo que las empresas entregan a la Sunat no son sus estados financieros (menos aún auditados) sino una declaración jurada con algunas cuentas de la empresa. Luego, la Sunat toma una muestra aleatoria de esas declaraciones y cuentas, y si encuentra alguna inconsistencia recién pide los estados financieros a la empresa y no antes. La información que tendrían que entregar a la Superintendencia de Mercado de Valores es distinta y completa.
Muchas de las empresas y gremios que se pronuncian en contra de la norma dicen que se trata de un lobby de las empresas de auditoría lo que no significa que la norma no sea necesaria y útil. (LUIS DAVELOUIS LENGUA / elcomercio.pe)