Así lo denunció la congresista Gloria Ramos, miembro de la bancada Bloque Popular Compromiso Democrático, quien en junio pasado presentó un proyecto de ley “Para gravar las ganancias extraordinarias del sector minero”.
Sin embargo tanto las comisiones de Energía y Minas y de Economía del Congreso, a donde fue remitido el proyecto, han venido postergando su debate y votación.
Sin embargo tanto las comisiones de Energía y Minas y de Economía del Congreso, a donde fue remitido el proyecto, han venido postergando su debate y votación.
“Los presidentes de esas comisiones son de la bancada fujimorista y Unidad Nacional, quienes siempre han defendido los intereses de los grandes grupos de poder”, reclamó la legisladora.
No obstante, confía en que se empiece a ejercer presión política (las bancadas de UPP, Partido Nacionalista y Alianza Parlamentaria respaldan el proyecto) para poner a debate esta propuesta en las próximas semanas.
Distribución equitativa
En forma resumida, el mencionado proyecto de ley (4149/2009) propone gravar con una tasa de Impuesto a la Renta de 50% cuando los precios de los minerales superen el promedio obtenido en los últimos diez años.
Asimismo, propone derogar el artículo 62 de la Constitución, el cual señala que los contratos-ley no pueden ser modificados legislativamente.
Se pierden miles de millones
Si se tienen en cuenta las utilidades de las compañías mineras y la evolución de los precios, el proyecto señala que el Estado hubiera recaudado US$ 4,900 millones en impuestos extraordinarios entre el 2005 y el 2009. “La población también debe beneficiarse de las mayores rentas”, apuntó Ramos.
Seguir ejemplo de Australia y Chile
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su reciente informe sobre Desarrollo Humano para América Latina recomendó elevar la presión tributaria, vía más impuestos a las empresas que reportan mayores ganancias como en el sector minero.
Por su parte Carlos Anderson, investigador del Centrum Católica, se mostró a favor de un impuesto extraordinario. “Esto ya ha sucedido en Chile y Australia, no hay excusas para no aplicarlo acá”, subrayó el especialista.